miércoles, 26 de septiembre de 2007

ANALISIS


El financiero
De la mediocracia a la partidocracia
U. de Inteligencia - Lunes 24 de septiembre


Pasaporte hacia la sucesión 2012.

UIAE
A medio camino de concretarse la reforma electoral, cuando está en proceso la aprobación de los congresos estatales, queda claro un hecho que podría resultar desconcertante: las grandes modificaciones a los ordenamientos electorales ocurridas durante las últimas décadas, debieron vincularse con la eliminación de alguna forma de monopolio. En 1977, los cambios estuvieron enfocados a desmontar el dominio absoluto del PRI sobre los cargos de elección popular en los tres niveles de gobierno. En 1994, debió atenderse el fin de la injerencia estatal en la organización, desarrollo y calificación de los procesos electorales, mientras que en 2007 el objetivo estuvo enfocado a detener la influencia de los medios electrónicos (televisión y radio) de las justas electorales.
Al finalizar la campaña presidencial de 1976 el panorama político no podía ser más desolador, pues sólo el PRI presentó candidato: José López Portillo. De los 64 escaños en el Senado, 63 estaban en poder de ese partido, mientras que de las 176 curules de mayoría en la Cámara de Diputados, 175 estaban bajo dominio priista. La reforma que como secretario de Gobernación diseñó Jesús Reyes Heroles habría de propiciar, sin proponérselo, el desmoronamiento paulatino del monopolio tricolor.
Luego de las accidentadas elecciones de 1988, que llevaron a Carlos Salinas a Los Pinos, resultaba inocultable que la vida democrática había caído en un peligroso círculo vicioso, pues la disputa en las urnas iba de la mano con los conflictos político-sociales. Además de los comicios federales, las contiendas electorales locales en algunos estados enfrentaron agudas crisis por la baja credibilidad de los resultados.
Ante el proceso acumulativo de deterioro de los usos y costumbres de la política y la disputa por los votos, los cambios que desembocaron en la reforma de 1996, en la administración de Ernesto Zedillo, desmontaron el monopolio gubernamental en las justas electorales hasta propiciar que el PRI perdiera terreno a escala estatal y municipal, y sobre todo federal, concretamente la presidencia de la República.
Las elecciones federales de 2000, 2003 y 2006 constataron el indudable poder de los medios electrónicos. Mientras los partidos competían por las mejores cuotas de poder y decían apuntalar a las instituciones para garantizar mayor legalidad, trasparencia y equidad a los procesos electorales, la televisión y la radio aprovecharon las deficiencias y resquicios legales, que acabaron por convertirlos en espacios de alta rentabilidad política y económica al hacerse de significativas porciones de las millonarias partidas otorgadas, vía prerrogativas, a los partidos.
Cálculos oficiales estiman que durante el proceso electoral de 2006, la venta por concepto de publicidad electoral ascendió a tres mil 510 millones de pesos, aunque al considerar los 282 mil spots que el IFE cataloga como no relacionados por el PAN, PRI y PRD, más lo gastado durante las precampañas de los distintos partidos, la cifra podría ubicarse en los cinco mil millones de pesos.
Más allá del espléndido negocio que significa la venta de publicidad en tiempos electorales, menudea el riesgo de que algunos actores políticos acaben por comprometer su función pública a intereses particulares. La candente polémica desatada en torno de la reforma electoral es, fundamentalmente, resultado del choque entre dos poderes: el mediático y el partidista.
En el papel la reforma ofrece atractivos avances: la disminución del gasto global de los partidos, el recorte en los tiempos de campaña, la eliminación del secreto bancario y fiscal, y la regulación de las precampañas, entre otros, lo que permite esperar mejores condiciones en procesos que, invariablemente, habrán de aumentar su complejidad y grado de competencia.
Hacia el futuro inmediato hay interrogantes clave por dilucidar. Para algunos analistas la reforma atenta contra el pacto federal, y hay quien sostiene que vulnera la autonomía de los órganos electorales, lo que significaría un retroceso en la consolidación del orden democrático.
¿Quiénes serán los principales beneficiarios de estas enmiendas? En términos partidarios las últimas dos reformas afectaron severamente el dominio del PRI. Como promotor principal de los actuales cambios, podría esperarse que el priismo resultará el mejor posicionado con miras al proceso electoral de 2012, pues al concretarse esta reforma, fortalecería su diálogo con el Ejecutivo federal, mejoraría su presencia ante la opinión pública e impulsaría cambios a la medida de sus intereses.
Si las modificaciones electorales acaban por interpretarse como un pasaporte con vistas a la próxima sucesión presidencial, aparecerán fuertes resistencias en algunos de los 18 estados gobernados por el priismo, ya que entre los ejecutivos locales también menudean los indicios de temprano futurismo político-electoral.
En suma, resultaba inaplazable desmontar al influyente monopolio de la mediocracia en la política, pero no queda claro si la reforma electoral terminará por consolidar el monopolio de la partidocracia.

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